La Ley Neurótica

Sólo hay una cosa peor que intentar doblegar a la realidad para que se ajuste a la teoría, se someta a la ley o se subyugue ante alguna política determinada: hacerlo sin contar con los medios para lograrlo. Es entonces cuando surgen pretensiones y circunstancias públicas neuróticas que consisten, precisamente, en tratar de vivir una realidad social que no existe y que, peor aún, no es posible.

Algo parecido nos está pasando en Michoacán con el tema de la promoción política de los ante-precandidatos a gobernador(a) del Estado donde, dicho sea con el debido respeto, la norma vigente está muy próxima a configurar el perfil de verdadera Ley Neurótica, pues intenta someter a la realidad a designios inaplicables y sin la fuerza institucional suficiente para lograrlo. O sea, una Ley que pretende algo que simplemente no puede.

Pero como diría Jack: vamos por partes. Primero, justo es aclarar que sólo una mente torcida y un ánimo extraviado entre grillas estériles (todas lo son) podría pensar que lo que aquí se pretende es llamar a ignorar o violar la Ley. Como entre nuestros lectores no se manifiestan perversiones semejantes, seguimos adelante. Sin embargo, si usted es de quienes padecen tan lastimeros síntomas, interrumpa la lectura y vaya y cuénteselo a quien más confianza le tenga.

Segundo, que el origen de la neurosis legal es muy simple: palabras más o palabras menos, la ley dice que nadie puede promoverse nunca por ningún medio, directamente o interpósita persona, como aspirante a candidatura alguna hasta que la autoridad lo autorice (unos seis meses antes de la elección respectiva), valga la enfática redundancia. Eso está muy bien, pero tiene un pequeño problema: llama al absurdo o a la trampa.

Llama al absurdo porque lo es pensar que los políticos (y políticas, obvio…) únicamente expresarán y buscarán hacer posibles sus aspiraciones a cargos de elección popular sólo durante dos o tres meses cada tres o seis años durante toda su vida. Es absurdo y es indeseable. Ninguna sociedad debiese permitirse tener servidores públicos de elección popular improvisados y estructurados por generación espontánea.

Parafraseando a Max Weber, lo que necesitamos son políticos que vivan para la política (no de la política): políticos profesionales que dediquen su vida, toda su vida, al bien común y su administración pública, no sólo cuando el IEM o autoridad semejante lo disponga.

Y llama a la trampa, porque nadie va a dejar de hacerlo. Así de simple (a menos de que los empiecen a meter a la cárcel, cosa que no se quiere ni se puede). Todos (y todas, claro…) buscarán la forma de encontrarle resquicios a la ley (todas los tienen). Por ejemplo: la ley impide que los ante-precandidatos expresen su interés por ser candidatos y trabajen en ello, pero nada les impide asumir que quieren ser gobernadores, diputados, presidentes municipales, síndicos o regidores, y trabajar para ello, por ejemplo.

Tercero, quizá el problema esté en que no está bien enfocado el origen y la naturaleza del asunto que se quiere evitar. De lo que se trata es de evitar inequidades en la competencia, no que los ciudadanos expresen, en ejercicio de sus derechos constitucionales, que algún día quieren ser candidatos a algún cargo de elección popular. Si es así el asunto, entonces hay que legislar al respecto. Pero al respecto, no al circunspecto. Hay que legislar bien y efectivamente sobre el uso indebido de recursos públicos y privados, particularmente, no sobre el derecho de una ciudadana que un día decida pararse en medio de su salón de clase y decir que quiere ser Gobernadora de su Estado. Y hacerlo dotando a la autoridad de capacidad legal, institucional, presupuestal y política suficiente y bastante para lograrlo. Así de simple.

Cuarto, puestas así las cosas tenemos una gran oportunidad para enderezar el entuerto: la reforma electoral local que debió haberse materializado hace ya un año. La respectiva mesa del Congreso tiene la oportunidad para hacerlo antes de que las tensiones crezcan hasta el punto de tener que encarar las únicas opciones que actualmente nos deja la Ley Neurótica: o que la autoridad se disponga a negar el registro a todos los candidatos o se ponga a omitir el ejercicio de sus responsabilidades.

Quinto, como no hay quinto malo podemos concluir que con las consideraciones anteriores quizá no logremos evitar las perversiones en las que algunos incurren pretendiendo horadar el principio constitucional de equidad en los procesos electorales, pero al menos le bajaremos a la neuras de querer hacer cosas que nos se pueden, ni se quieren. Es cuanto.

(Colaboración para Maratón 2011 de Quadratín de la semana que inicia el domingo 23 de mayo del 2010)