Influenza electoral

Ahora que todo mundo habla, escribe, piensa y actúa en función de la epidemia de influenza porcina que nos azota, quiero sumar mi voz para advertir algunos asuntos que pueden parecer y quizá resultar secundarios ante la promoción de la emergencia nacional, pero que no es posible dejar de advertir en estos tiempos de precampañas políticas.

Me refiero al impacto de la epidemia sobre el desarrollo del proceso electoral en curso y, al mismo tiempo, sobre la recíproca influencia del marco electoral en la difusión las campañas de salud orquestadas para evitar la expansión de la multirreferida influenza porcina.

No me quiero detener por el momento en la idea, a mi juicio desproporcionada, de pensar en posponer las elecciones de julio próximo, que ya ha sido colocada en los medios de comunicación mediante declaraciones diversas. Si el tema sigue en el debate público, podremos dedicar a ello una reflexión la próxima semana.

Por lo pronto quiero tratar un asunto no tan grave, pero que tiene su grado de dificultad: me refiero a las condiciones que la reforma electoral debería de imponerle a las campañas de los gobiernos para detener los contagios y atender a los enfermos.

Me explico: según la reforma electoral, a partir del próximo domingo 3 de mayo deben suspenderse todas las campañas de propaganda de los gobiernos federal, estatales y municipales en el país. Desde luego, la Constitución y la Ley prevén que las campañas gubernamentales de salud, como es éste el caso, puedan mantenerse, pero los acuerdos del IFE obligan a que su difusión se haga sin presentar logotipos oficiales y sin hacer alguna referencia a los propios gobiernos ni a sus logros.

O sea, que si se cumpliera cabalmente con las disposiciones del IFE a partir del próximo domingo 3 de mayo (en medio de la emergencia nacional) toda la difusión de las campañas gubernamentales para prevenir y combatir la influenza porcina debería publicarse sin hacer referencia a ningún gobierno, ni al federal, ni a la secretaría de salud, ni a las gobiernos ni secretarias estatales, y ni siquiera a los hospitales públicos administrados por los mismos gobiernos: ni a los del IMSS ni a los del ISSSTE ni a los de Salubridad. Tampoco podrían aparecer los logotipos oficiales ni mencionarse los logros en la disminución de los contagios y muertes, pues estarían significando una violación a las nuevas normas, que prohiben difundir los logros de las acciones de gobierno.

Usted, amable ciberlector, ¿se imagina una campaña contra la influenza así: que no firmen las secretarías de salud, ni los servicios médicos oficiales y en la que no se informe sobre los logros y avances de la campaña?

Como seguramente usted estará pensando, esta situación es un verdadero desatino, por no llamarlo por su correcta denominación en nuestro español.

Pero eso es lo que impone y manda la ley y eso es lo que los gobiernos debiesen observar y el IFE encargarse de cumplir y hacer cumplir.

En buen español, esto es una tontería, pero es una tontería legal. Y este tipo de cosas pasan cuando se hacen leyes con base en el interés político, para evitar las trampas de los partidos y sus gobiernos, y no se hacen pensando en el interés general y en las virtudes de la participación ciudadana y social.

Vaya acertijo y vaya tema para reflexionar sobre si vamos o no a votar y por quién lo haremos este próximo domingo 5 de julio, si la influenza porcina y su paranoia pública no dispone otra cosa.

(Comentario emitido en el programa radiofónico "La Mesa" el viernes 30 de abril del 2009)